Gran Bretaña es el mayor inversor extranjero en Egipto. Sin embargo, en la reciente cumbre árabe-UE, Theresa May se mostró extrañamente callada sobre los abusos de derechos
Rhys Davies en The Guardian el 13 de marzo de 2019
Aunque puede haber "un lugar especial en el infierno" para los que apoyaron el Brexit sin un plan, los regímenes que ejecutan a personas tras juicios fundamentalmente viciados tienen su propia cumbre. Hace apenas quince días, Donald Tusk y los dirigentes de la UE se reunieron con el presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, en la Cumbre Árabe-UE en Sharm el-Sheikh, días después de que su régimen ejecutara a nueve personas.
La cumbre estuvo copresidida por Tusk y Sisi. Tusk y otros líderes europeos, incluida Theresa May, guardaron un curioso silencio en la cumbre sobre la suerte de los presos políticos egipcios. El sitio ejecución de los nueve - condenados tras juicios injustos en los que, según activistas de derechos humanos, las confesiones se obtuvieron mediante tortura- fue la tercera semana consecutiva de ejecuciones. En total 15 personas fueron ejecutadas en febrero en Egipto.
Al parecer, las cuestiones de derechos humanos figuraban en el orden del día de la cumbre, pero las únicas declaraciones públicas sobre el uso de la pena de muerte en Egipto se produjeron en una rueda de prensa al final. Sisi defendió el uso de las ejecuciones por parte de Egipto, señalando, entre otras cosas, que la UE y Oriente Medio habían "dos culturas diferentes".
En una reunión en el Parlamento la semana pasada, organizada por el diputado Alistair Carmichael, hablé con un grupo de juristas y expertos internacionales sobre la represión en Egipto y la ejecución de presos políticos. El Reino Unido es, según algunas medidas, el mayor inversor extranjero del país, y los oradores del acto se mostraron unidos a la hora de instar al gobierno británico a que utilice su influencia en Egipto para exigir el fin de las violaciones de los derechos humanos. No puede haber justificación, cultural o de otro tipo, para la ejecución de presos tras juicios manifiestamente injustos y en los que no se han cumplido las normas básicas.
Llama la atención la ausencia de liderazgo moral de la UE y el Reino Unido en el uso de la pena de muerte. Correspondió al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan -difícilmente considerado como el más ferviente respetuoso del Estado de derecho- decir de la más reciente ronda de ejecuciones: "Por supuestoNos van a decir que es una decisión del poder judicial. Pero [en Egipto] la justicia, las elecciones, todo eso, son bazofia. Hay un sistema autoritario, incluso totalitario".
Desde que Sisi llegó al poder en 2014, y fue reelegido el año pasado con un Acción 97% de los votos -un margen que haría sonrojar a un dictador de la guerra fría-, ha seguido minando las estructuras democráticas de Egipto. Se ha propuesto recortar drásticamente la independencia del poder judicial. Junto con un descarado intento constitucional de permitir a Sisi ampliar potencialmente su mandato hasta 2034Los cambios propuestos en la Constitución probablemente debilitarán aún más lo que queda del imparcial sistema judicial egipcio. Las propuestas de Sisi le otorgarán el poder de controlar el nombramiento de los fiscales superiores y los jefes de los órganos judiciales más importantes, además de darle el control de los presupuestos judiciales y los mandatos.
Los grupos de derechos humanos, así como la oficina de derechos humanos de la ONU, han exigido reiteradamente a las autoridades egipcias que respeten los derechos fundamentales y detengan su programa de ejecuciones, además de revisar las condenas recientes. En septiembre del año pasado, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pidió al tribunal de apelación egipcio que anulara multitud de condenas a muerte, advirtiendo de que su ejecución representaría "un grave e irreversible error judicial".
La semana pasada, el célebre fotoperiodista egipcio Mahmoud Abou Zeid, alias Shawkanfue puesto en libertad tras pasar cinco años en prisión en Egipto, por cubrir las protestas antigubernamentales de 2013. Su condiciones de libertad condicional significa que debe pasar 12 horas al día en una comisaría. El tiempo dirá si la liberación de Shawkan es una auténtica buena noticia o sólo una obra de teatro político. Pase lo que pase, el trato que ha recibido en los últimos años sirve de oportuno recordatorio de la grave situación de los derechos humanos que sigue desarrollándose en Egipto.
Mientras el Reino Unido navega hacia las aguas desconocidas del Brexit, existe el imperativo moral, quizá ahora más que nunca, de defender los derechos humanos en todo el mundo y demostrar que, pase lo que pase, el Reino Unido defiende la justicia y el Estado de Derecho.
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