Lanzamiento de IHR-Advisors Informe el 4 de diciembre de 2023
Comunicado de prensa
LONDRES - El 4 de diciembre de 2023 se presentó un nuevo informe elaborado por la baronesa Helena Kennedy of the Shaws KC, el Honorable Sir Robert Buckland KC MP y el Honorable Alistair Carmichael MP en el que se destaca el "Coste real de hacer negocios en los EAU". El informe fue elaborado por los parlamentarios británicos que se reunieron en una sesión de recogida de pruebas en junio de 2023 para examinar los riesgos que corren los empresarios que hacen negocios en los EAU y considerar si sus derechos humanos básicos están o no adecuadamente protegidos.
El informe afirma que en los EAU -a pesar de su fachada moderna y de su importante comunidad de expatriados- el sistema de justicia penal a menudo no garantiza los derechos humanos básicos. En particular, el marco jurídico de los EAU plantea importantes retos a los profesionales de los negocios, especialmente a los no emiratíes. Las leyes del país contienen duras penas para las violaciones de la libertad de expresión, como insultar al gobernante o la reputación del Estado. El informe también ha constatado que la independencia del poder judicial en EAU es motivo de preocupación. Por último, el informe toma nota de los mecanismos "No pay no go" y de la aplicación retroactiva de la Ley 37 de Dubai de 2009 como ámbitos especialmente preocupantes. Estos mecanismos pueden aplicarse indebidamente, dando lugar a posibles injusticias para los profesionales de los negocios.
"No pay no go" se refiere a un acuerdo informal según el cual los empresarios no serán puestos en libertad en los EAU a menos que hayan sido capaces de pagar las multas que les hayan sido impuestas por el juez de su caso. No está recogido en la legislación de los EAU y ha dado lugar a que muchas personas permanezcan en la cárcel mucho después de haber cumplido sus condenas.
La Ley 37 -que en el caso de los empresarios británicos Ryan Cornelius y Charles Ridley se aplicó con carácter retroactivo- establece que si un tribunal penal ha impuesto el pago de una restitución y dicho pago no se ha efectuado, el acreedor puede exigir a los tribunales de Dubai que prorroguen la pena de prisión de esa persona por un periodo de entre 5 y 20 años, en función de la cantidad impagada.
En el informe, los parlamentarios piden a los gobiernos de Reino Unido y EAU que tomen medidas inmediatas para proteger los derechos de las personas que ya están detenidas ilegalmente y que emprendan una reforma sistémica. El informe deja claro que es fundamental que el gobierno del Reino Unido tome medidas para garantizar que los derechos de los ciudadanos británicos en Dubai, y en los EAU en general, están adecuadamente protegidos. Se calcula que hay más de 100.000 británicos viviendo y trabajando allí en un momento dado.
Concluyen que, en la actualidad, esos derechos no están adecuadamente protegidos. El informe formula nueve recomendaciones:
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Los profesionales de los negocios deben ser conscientes de estos riesgos para tomar decisiones informadas sobre inversiones y operaciones en la región. El Gobierno del Reino Unido, a través de la FCDO, debería proporcionar una serie de orientaciones más detalladas y sólidas a los ciudadanos británicos para advertirles de los riesgos asociados a hacer negocios en los EAU.
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Los EAU deben considerar la posibilidad de reformar su sistema de justicia penal para garantizar que se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos.
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Los EAU deben garantizar que los detenidos extranjeros tienen derecho a comunicarse con sus autoridades consulares sin restricciones indebidas.
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Los EAU deben colaborar activamente con organizaciones de derechos humanos y expertos jurÃdicos para abordar las preocupaciones y aplicar las recomendaciones.
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Los EAU deben llevar a cabo una revisión exhaustiva de los mecanismos "No pay no go" y de la Ley 37 de Dubai de 2009 para garantizar que no se utilicen indebidamente contra los profesionales de los negocios.
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El gobierno de los EAU debe liberar inmediatamente a todos los presos recluidos indebidamente como consecuencia del uso indebido de la Ley 37, así como del régimen No Pay No Go.
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El gobierno del Reino Unido debe colaborar con las autoridades de los EAU para abordar las preocupaciones relacionadas con el trato que reciben los ciudadanos británicos en los EAU.
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El gobierno británico debe proporcionar apoyo y asistencia adecuados a los ciudadanos británicos detenidos en los EAU.
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El Gobierno del Reino Unido debe tomar medidas para garantizar la liberación de todos los presos detenidos arbitrariamente o de forma ilegal. Esto debe incluir todas las medidas para garantizar la liberación de los empresarios que han sido detenidos indebidamente, tal como se establece en otras partes de este documento.
El informe se ha hecho público en medio de una creciente preocupación en el Reino Unido por los intentos de los EAU de comprar el diario The Telegraph.
La Comisión se constituyó a petición de familiares de personas detenidas ilegalmente en Dubai, entre ellas Ryan Cornelius y Charles Ridley.
Los parlamentarios llevaron a cabo un minucioso proceso de recopilación de pruebas que incluyó: presentaciones de organizaciones de derechos humanos; pruebas periciales de fuentes empresariales y académicas; testimonios orales y escritos de las víctimas y sus familiares; un análisis de fuentes jurídicas; informes de prensa; y material de dominio público. Contaron con la asistencia de los abogados internacionales especializados en derechos humanos Rhys Davies, de Temple Garden Chambers, y Ben Keith, de 5 St Andrew's Hill, así como de Olivia Chessell, asistente jurídica del Grupo de Investigación.
Puede leerse el informe completo aquí.
FINES
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