Cristian González Ruiz habla sobre el genocidio en la Universidad de Mar del Plata

Cristian González Ruiz, asociado en IHR Advisors, participó como experto invitado en el collegium doctoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina en julio de 2026. La sesión se llevó a cabo en línea con investigadores doctorales que trabajan en derecho penal internacional y derecho internacional público. La discusión abarcó desde la definición de genocidio hasta lo que los Estados realmente están obligados a hacer cuando el crimen se comete en un lugar distinto a su propio territorio.

Genocidio y lo que la Convención exige a los Estados

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 hace dos cosas a la vez: define un crimen cometido por individuos y establece obligaciones vinculantes para los Estados de prevenir dicho crimen y de sancionarlo. Esas dos mitades a menudo se leen por separado. Deberían leerse juntas.

La Corte Internacional de Justicia resolvió el punto en Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro el 26 de febrero de 2007, sosteniendo que el deber de prevenir es una obligación de conducta y no de resultado, y que entra en vigor una vez que un Estado tiene conocimiento de un riesgo grave. Un Estado no necesita controlar los acontecimientos sobre el terreno antes de que nazca el deber. Necesita la capacidad de influirlos. Procedimientos posteriores, Gambia contra Myanmar y Sudáfrica contra Israel, han puesto a prueba hasta dónde un Estado parte puede litigar ese deber contra otro, ya que las obligaciones en virtud de la Convención se deben *erga omnes partes* y la legitimación procesal no depende de un perjuicio.

El genocidio se distingue de cualquier otro delito internacional fundamental por su elemento mental: el perpetrador debe actuar con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir dolo especial, y probarlo es donde la mayoría de los casos de genocidio viven o mueren.

El colegio también analizó lo que ocurre cuando los foros internacionales se estancan y los tribunales nacionales toman el relevo. La jurisdicción universal ha trasladado gran parte de esta labor a los sistemas nacionales, y la práctica latinoamericana forma parte de ese historial: Los tribunales argentinos calificaron la represión de la dictadura de 1976 a 1983 como genocidio en la sentencia de 2006 contra Etchecolatz, y los jueces argentinos han llevado a cabo investigaciones sobre delitos cometidos en España y en Myanmar. La teoría jurisdiccional no es el obstáculo que la gente espera. Las pruebas, la protección de los testigos y la voluntad política suelen serlo.

Asesoramos a gobiernos y particulares en derecho penal internacional. Cristian trabajó anteriormente en la Corte Penal Internacional en procesos por crímenes de guerra y contra la humanidad, y ejerce en español, inglés y francés desde La Haya. Nuestro práctica del derecho internacional cubre el trabajo de rendición de cuentas desde la primera revisión de evidencia hasta las presentaciones.

Nuestro agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata para la invitación, y a los investigadores doctorales que trajeron las preguntas.